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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Nueva sede del TJCE (Luxemburgo), CJCE Nueva sede del TJCE (Luxemburgo) CJCE

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE, por sus siglas en francés) fue creado en su forma inicial en 1952, en virtud del Tratado de París (CECA) y adoptó su denominación actual en 1957. Suele llamarse comúnmente "Tribunal Europeo de Justicia" o "Tribunal de Justicia" y tiene sede en Luxemburgo. Su misión es garantizar que la legislación de la Unión Europea se interpreta y aplica del mismo modo en todos los Estados miembros, velando así por la seguridad jurídica de los ciudadanos y la primacía del derecho para todos. El Tribunal también vela por el cumplimiento del derecho comunitario por parte de los Estados miembros y las instituciones de la UE y, en aplicación del derecho comunitario, dispone de poderes para resolver conflictos legales entre países de la Unión, instituciones de la UE, empresas y particulares.

Funcionamiento del Tribunal de Justicia

El Tribunal integra un juez por cada Estado miembro con el fin de que estén representados todos los ordenamientos jurídicos nacionales de la UE. Se reúne en salas presididas por tres, cuatro o cinco jueces, e incluso bajo la forma de "Gran Sala", compuesta por trece magistrados. Excepcionalmente, el TJCE puede reunirse en sesión plenaria con todos los jueces. El Tribunal es asistido por ocho "abogados generales", que han de presentar dictámenes motivados sobre los casos presentados ante el Tribunal de manera pública, imparcial e independiente. Los jueces y abogados generales reúnen las condiciones necesarias para el desempeño de las más altas funciones jurisdiccionales en sus países respectivos y son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período renovable de seis años.

Para hacer frente al gran número de asuntos promovidos ante el Tribunal de Justicia y ofrecer a los ciudadanos una mejor protección jurídica se creó, en 1989, un Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal se encarga de los recursos interpuestos por particulares o empresas contra las decisiones de las instituciones europeas, en particular las de la Comisión en el ámbito del derecho de la competencia. En 2006, se creó también el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea para resolver litigios entre la Unión Europea y sus funcionarios.

El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia tienen cada uno un Presidente, elegido por los jueces entre ellos, por un período renovable de tres años. Vassilios Skouris, de nacionalidad griega, fue elegido Presidente del Tribunal de Justicia en 2003. Desde 2007, Marc Jaeger, de nacionalidad luxemburguesa, es el Presidente del Tribunal de Primera Instancia.

Funciones del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia dicta sentencia sobre los casos que se le plantean. Las cuestiones sobre las que falla el Tribunal son de varios tipos: 

  • Cuestiones prejudiciales. Pese a que los tribunales de los Estados miembros deben velar por la correcta aplicación de la legislación europea en sus países, existe el riesgo de que algunos tribunales nacionales interpreten el derecho comunitario de manera distinta. Para evitar estos casos, existe un "procedimiento prejudicial". Esto significa que, si un tribunal nacional tiene cualquier duda sobre la interpretación o validez de un acto legislativo europeo, puede, e incluso debe, según el caso, recabar la opinión del Tribunal de Justicia, mediante una "cuestión prejudicial". El Tribunal emite su dictamen en forma de "sentencia prejudicial".
  • Recurso por incumplimiento. La Comisión puede iniciar este procedimiento si tiene motivos para afirmar que un Estado miembro no cumple las obligaciones que le impone la normativa comunitaria. El procedimiento también puede ser iniciado por un Estado miembro contra otro. En cualquier caso, el Tribunal examina las alegaciones y dicta sentencia. Si declara que se ha producido un incumplimiento, el Estado del que se trate está obligado a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esa situación. Si el Tribunal comprueba que el Estado miembro no ha cumplido la sentencia, podrá dictar una nueva sentencia e imponerle el pago de una cantidad a tanto alzado y/o una multa coercitiva.
     
  • Recurso de anulación. Si un Estado miembro, el Consejo, la Comisión, el Parlamento o bien, un particular o una empresa (siempre y cuando estén afectados directa e individualmente) consideran que un acto legislativo europeo es ilegal, podrán solicitar su anulación al Tribunal de Justicia. Si el Tribunal comprueba que el acto objeto de litigio no se aprobó correctamente o es contrario a los textos comunitarios, podrá declararlo nulo y sin valor ni efecto alguno. En este caso, se considerará que el acto nunca existió.
  • Recurso por omisión. El Tratado de la UE exige que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tomen ciertas decisiones en determinadas circunstancias. En caso de incumplimiento de esta obligación, los Estados miembros, las demás instituciones comunitarias y, en ciertas condiciones, particulares o empresas, pueden presentar un recurso ante el Tribunal para que esta falta de actuación sea sancionada oficialmente.
  • El Tribunal de Justicia desempeña también un papel primordial en el funcionamiento y la evolución de la Unión Europea a través de su jurisprudencia. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite interpretar y comprender mejor el derecho comunitario, así como velar por su respeto.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

  • Fuente: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
  • Última actualización: 25.06.2008
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